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En línea con la decisión tomada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los diputados Guillermo Castello (libertad Avanza) y Matías Ranzini (Juntos por el Cambio) presentaron un proyecto de ley para que se prohíba el uso del llamado “lenguaje inclusivo” en el Estado y en el sistema educativo de la Provincia.
En su proyecto, Castello y Ranzini afirman que la iniciativa “busca evitar distorsiones o deformaciones lingüísticas que conspiren contra la adecuada comprensión de lo que se quiere comunicar, como así también evitar expresiones que resulten impronunciables verbalmente”, en referencia al uso de la “e”, la “x” y la “@”. Los diputados enfatizaron que la prohibición resulta particularmente necesaria “en el ámbito educativo, porque una deformación del lenguaje puede conspirar contra el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura”.
Por su parte, la ministra nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, rechazó la medida tomada en las escuelas porteñas porque “nada bueno se aprende de una prohibición”. En el mismo sentido se pronunció su par de la cartera educativa, Jaime Perczyk, quien sostuvo que “hay que mejorar” la educación, pero eso “no se hace prohibiendo” el lenguaje inclusivo.
