Equipo de Noticias
Organismos de dherechos umanos y la Comisión Provincial por la Memoria advirtieron al gobierno bonaerense de una “vieja repudiable práctica policial”, que consiste en trasladar a policías sospechados a otra dependencia donde la comunidad desconoce esa situación.
El escrito lleva las firmas de Guillermo Torremare, Eduardo Tavani y Soledad Astudillo, presidentes y presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y por la Comisión Provincial por la Memoria, con su secretario, Roberto Cipriano García, su presidenta, Dora Barrancos, y su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; y sostiene que esta cuestionada práctica de traslado “es habitual y se remonta en el tiempo” y “es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas, por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito”.
“A ello se le suma la lógica desconfianza social que genera en una comunidad alertada, la llegada de esos efectivos sobre los que pesa la presunción de haber sido parte de acciones ilegales, desconfianza que conspira contra toda política pública de consolidación de una seguridad democrática a la que aspiramos”, continúa el texto.
En el mismo sentido, ejemplificaron con el caso del comisario inspector Marcelo Amaya, quien se desempeñaba como jefe de Policía Comunal en Laprida, y el comisario Cristian Barrios, jefe de la Estación de Policía Comunal de la misma ciudad, donde el 5 de junio pasado se produjo la muerte de Daiana Abregú. Para los organismos de derechos humanos , ambos “resultan ser -cuanto menos- responsables funcionales de su deceso, en tanto jefes respectivamente, de la fuerza que estuvo a cargo de su aprehensión y custodia y de la dependencia donde se produjo ese gravísimo hecho, lejos de haber sido separados preventivamente de sus cargos, fueron trasladados a cumplir funciones en la ciudad de Tres Arroyos”.
“La persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial –Nro. 13.482- cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación y como en la Provincia”, finalizaron y reclamaron al gobernador Axel Kicillof que “se dispongan las medidas normativas necesarias para impedir esta situación.
