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La Cámara de Diputados abrió el debate en comisión del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema en una jornada de tensión que incluyó contrapuntos entre legisladores y en el que se repasaron los 14 proyectos que solicitan el desplazamiento de los cuatro magistrados por distintas causales, entre ellas haber dictado el fallo para aplicar el principio del 2×1 a represores condenados o haber resuelto en favor de la Ciudad de Buenos Aires la disputa por los fondos coparticipables que Mauricio Macri le adicionó al distrito porteño en 2016.
En las casi cuatro horas que duró la reunión se sucedieron los planteos oficialistas contra los cortesanos, con argumentos en línea con el presidente Alberto Fernández y gobernadores, pero también hubo reproches cruzados entre los diputados del FdT y los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio.
La diputada Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), que preside la comisión, logró el quórum con la presencia de sus 16 legisladores, pese a que la principal bancada opositora intentó sin éxito trabar la actividad parlamentaria, en rechazo al enjuiciamiento a los miembros del alto tribunal.
Gaillard adelantó que el próximo jueves 2 de febrero la comisión recibirá a los firmantes de los 14 proyectos de juicio político presentados contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
En tanto, una semana más tarde, el jueves 9 de febrero, se analizará el informe de admisibilidad para determinar si corresponde comenzar el período de prueba, amplió Gaillard.
En sus discursos, los representantes del oficialismo acusaron a los cuatro miembros del tribunal de “mal desempeño” de sus funciones, sobre todo por los fallos dictados en relación al número de integrantes del Consejo de la Magistratura -reiteraron que la Corte asumió una función del Poder Legislativo-; también por el fallo del ‘2×1’ y por denuncias de irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial, entre otras causales.
El paso fundamental para avanzar en el procedimiento será aprobar en comisión por simple mayoría -se requieren 16 firmas- la admisibilidad para abrir una investigación a partir de los 14 pedidos de juicio político presentados por el Gobierno nacional, diputados oficialistas e incluso algunos opositores -en el caso de Lorenzetti-, para luego comenzar la etapa de recolección de pruebas.
