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El Frente de Todos (FdT) buscará hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara baja aprobar la admisibilidad de los expedientes que se están tramitando contra los cuatro miembros de la Corte Suprema y abrir el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La comisión, presidida por la oficialista Carolina Gaillard (FdT) se reunirá desde las 11 en la sala 1 del edificio Anexo para avanzar con esta instancia, luego de dos encuentros previos en los que se estableció el cronograma de trabajo y se recibieron los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan.
Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el FdT tiene asegurado el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro jueces supremos.
La admisibilidad se definiría mediante dos resoluciones administrativas internas: una de mayoría con las 16 firmas del FdT expresándose a favor de ese trámite y otra de los integrantes de JxC rechazándola.
En esta última, Paula Olivetto y Juan López, de la Coalición Cívica, dejarán plasmado que sí avalan la admisibilidad para el caso de Lorenzetti, por las causales expuestas en los dos expedientes presentados en 2016 por ese partido, aclarando que no lo hacen por los argumentos principales de los expedientes del FdT.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2×1” para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otra de los causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
