Equipo de Noticias
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó su primera sesión del año en la que trataron los Estados Contables y la Ejecución Presupuestaria correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Para analizar la rendición de cuentas del Ejecutivo nacional, prevista por Ley, se realizaron 25 informes técnicos.
Los estados contables tuvieron una opinión con salvedades, mientras que la ejecución presupuestaria obtuvo el voto negativo de la mayoría del Colegio, compuesta por los auditores generales Juan Ignacio Forlón, Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada y Graciela De la Rosa.
Sobre los Estados Contables 2018, el informe destaca que “el pasivo tuvo un incremento del 107%, fundamentalmente debido al aumento de la deuda pública, frente a un incremento del activo equivalente al 81% que derivó en un aumento del resultado negativo del patrimonio neto del sector público nacional, del orden del 135% respecto del año anterior”.
Además, señala que la inflación fue del 47.6%, siendo “muy superior a la estimación” del proyecto de Ley de Presupuesto que establecía un 15,7%.
Asimismo, el fallo adverso se basó en las irregularidades detectadas en el Capítulo de Deuda Pública, puntualmente en el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El trabajo de los auditores reveló que la deuda externa total, entre pública y privada, se ubicó en 2018 en U$S 277.827 millones, alcanzando el 79,1% del PBI. En este sentido, según el informe, el auditado careció de una estrategia de gestión del endeudamiento para ese año y de la participación en el trámite de las áreas competentes en la tramitación de crédito público, que agravó aún más los riesgos para una buena gestión del mismo.
Respecto del crédito con el Fondo Monetario Internacional por U$S 56.500 millones, el trabajo de los auditores indica que se incumplió con la Ley de Administración Financiera porque “el Banco Central no emitió opinión ni dictamen del impacto de la operación en la balanza de pagos”.
En síntesis, según concluyó el informe, “el acuerdo no fue formalizado por la Ley de Presupuesto ni por ley específica, lo que implicó la falta de intervención del Presidente y del Congreso”.
