El pasado 26 de marzo, la jueza Karina Andrade condenó al dueño de un criadero ilegal a la pena de ocho meses de prisión en suspenso por el delito de cometer actos de crueldad animal.
Además, la magistrada fijó pautas de conducta: asistir al Programa Protenencia, dependiente del Ministerio de Salud, a cargo del Dr. Juan Enrique Romero, y realizar una capacitación que forme parte del Observatorio del “Vínculo Humano-Animal” de Argentina en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Andrade consideró que durante el juicio se comprobó la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y que el contexto en el que vivían los animales constituía un acto de crueldad por la producción de un sufrimiento innecesario.
La jueza explicó que “el prisma aquí adoptado propone salir de la idea antropocentrista que tenemos de que el animal no humano no sufre si vive en condiciones como las aquí acreditadas que coartan su libertad, afectan su dignidad y se los expone a enfermedades”.
Y agregó: “La dignidad es un valor intrínseco de todo animal no humano que debe ser respetado al tenerlo a cargo y tratarlo. Su dignidad es afectada cuando se le impone una forma de vida que no puede justificarse y que es humillante como hacerle convivir en condiciones que pueden sintetizarse en estar rodeado de materia fecal y orín propia y de otro, a punto tal de tenerla pegada en el cuerpo, tenerlos sectorizados e incluso encarcelados como puede verse de alguna de las fotos a los animales no humanos. Debo decir que como jueza me impactó ver una de las fotos donde se ve el lugar que parece más una celda de una alcaidía que una habitación de una casa de familia”.