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El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el veto a la ley de movilidad jubilatoria.
El decreto 782/2024 sostiene que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
A su vez, se convocó al Poder Legislativo a “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y desnutrición de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
Tras el veto, el Congreso puede insistir con la nueva fórmula. Para ello, la oposición deberá contar con el apoyo de los dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras.
