Redacción PBA
Jefes comunales bonaerenses alertan por la caída en las transferencias para comedores escolares en un contexto de inflación, pérdida de ingresos y mayor demanda alimentaria.
En medio de un escenario social marcado por la suba sostenida de los precios de los alimentos, la caída del poder adquisitivo y el aumento de la demanda en comedores, intendentes de la provincia de Buenos Aires denunciaron que el Gobierno nacional redujo de manera significativa los fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE).
El reclamo fue formalizado ante el Ministerio de Capital Humano, donde los municipios señalaron que la asistencia nacional viene disminuyendo año tras año, afectando directamente la cobertura alimentaria de millones de estudiantes en los 135 distritos bonaerenses.
Según los datos difundidos, en 2024 el Estado nacional transfirió el 66% de los recursos necesarios, dejando sin enviar un 34% de las partidas previstas. En 2025, la proporción cayó al 59%, lo que implicó una retención del 41%. Para 2026, la previsión es aún más baja: apenas un 46% de los fondos estimados, lo que equivale a que Nación no giraría el 54% de los recursos requeridos para sostener el sistema.
En términos nominales, los municipios detallan que en 2026 se necesitarían alrededor de $177.000 millones, pero el presupuesto nacional contempla sólo $81.000 millones, profundizando el desfasaje frente a una inflación acumulada que, según estimaciones citadas por los intendentes, se acerca al 300% desde fines de 2023.
Desde el ámbito municipal advierten que el SAE constituye el principal dispositivo alimentario del país, ya que garantiza desayuno, almuerzo, merienda y refuerzos alimentarios para estudiantes que, en muchos casos, encuentran en la escuela su comida más importante del día.
La preocupación también se apoya en informes sociales que indican un deterioro en las condiciones de acceso a la alimentación. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, sólo una minoría de trabajadores se encuentra libre de inseguridad alimentaria, lo que incrementa la dependencia de políticas públicas como el SAE.
En este contexto, los intendentes cuestionaron la falta de actualización de las partidas frente a la inflación y advirtieron que la situación podría agravarse si no se revisa el esquema de transferencias. “No se trata sólo de números: está en juego la alimentación cotidiana de millones de chicos”, señalaron fuentes comunales tras el encuentro.
El conflicto abre un nuevo frente entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, con impacto directo en una de las políticas sociales más sensibles del sistema educativo.
Fuente: DATA Legislativa
