Redacción PBA
La afirmación de que los ejercicios militares conjuntos entre Argentina y Estados Unidos son “inconstitucionales” abre un debate que excede la coyuntura política y merece una discusión seria sobre el papel de las Fuerzas Armadas, la política exterior y el control democrático de las decisiones estratégicas del Estado.
Quienes cuestionan estas maniobras sostienen que la participación de efectivos argentinos en ejercicios coordinados con las fuerzas estadounidenses implica una alineación automática con la política internacional de Washington y, particularmente, con la agenda impulsada por la administración de Donald Trump. Desde esa perspectiva, advierten que la Argentina podría estar comprometiendo aspectos de su soberanía o involucrándose indirectamente en escenarios de conflicto ajenos a los intereses nacionales.
Sin embargo, la cuestión central no pasa únicamente por la conveniencia política de esos acuerdos, sino por el cumplimiento de los mecanismos institucionales previstos por la Constitución Nacional. La legislación argentina establece que el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas argentinas al exterior requieren autorización del Congreso, salvo situaciones excepcionales previstas por la ley. Por ello, la discusión jurídica debe centrarse en determinar si las actividades realizadas encuadran dentro de las autorizaciones vigentes o si efectivamente se omitió la intervención parlamentaria correspondiente.
En una democracia, la política de defensa no puede quedar librada exclusivamente a decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. Tampoco debería transformarse en una disputa ideológica simplificada entre alineamiento y antiimperialismo. Lo que corresponde es garantizar transparencia, información pública y control institucional sobre cada acuerdo de cooperación militar.
Argentina mantiene desde hace décadas programas de entrenamiento y cooperación con numerosos países, incluidos Estados Unidos, Brasil, Chile, Francia e Italia. Tales actividades, en sí mismas, no constituyen una anomalía ni una violación constitucional. Lo que debe analizarse en cada caso es el alcance de los ejercicios, sus objetivos, los compromisos asumidos y el procedimiento legal seguido para su aprobación.
Por esa razón, antes de hablar de juicio político o de integración automática a un dispositivo de guerra extranjero, resulta imprescindible conocer con precisión qué ejercicios se realizaron, bajo qué normativa fueron autorizados y cuál fue la participación concreta de las Fuerzas Armadas argentinas.
La defensa nacional es un asunto demasiado importante para reducirlo a consignas. Si hubo violaciones a la Constitución, corresponde investigarlas y exigir responsabilidades. Si no las hubo, el debate debería enfocarse en cuál es la estrategia de inserción internacional y de cooperación militar que mejor sirve a los intereses de la Argentina en un mundo cada vez más complejo e inestable.
La opinión de Juan Marino
LOS EJERCICOS MILITARES CON EEUU SON INCONSTITUCIONALES
Están integrando a las FFAA de Argentina al dispositivo de guerra de Donald Trump. No pasaron por el Congreso. ¡Juicio político! pic.twitter.com/409l9Oosfb
— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) June 19, 2026
