Redacción PBA
Un proyecto bonaerense propone que los intendentes puedan alquilar banquinas y franjas rurales para generar nuevos ingresos. La iniciativa busca aliviar las cuentas locales, pero abre interrogantes por la seguridad vial y el uso de bienes públicos.
En medio de la asfixia financiera que atraviesan muchos municipios bonaerenses, en la Legislatura provincial empezó a tomar fuerza una propuesta para habilitar a los intendentes a obtener recursos mediante el alquiler de banquinas y sectores linderos a rutas y caminos provinciales.
La iniciativa apunta a modificar el régimen vigente, que permite otorgar permisos de uso sobre franjas adyacentes a la red vial, pero mantiene excluidas las banquinas. El objetivo es incorporar esos espacios bajo control municipal, con autorización de Vialidad bonaerense y mediante un registro que permita identificar a los productores o particulares habilitados para utilizarlos.
El proyecto fue impulsado por la diputada de Fuerza Patria Ayelén Rasquetti, vinculada al Frente Renovador, y se inscribe en una preocupación creciente de los intendentes del interior: la caída de recursos, el encarecimiento de los servicios públicos, el deterioro de los caminos rurales y la dificultad para sostener obras básicas con presupuestos cada vez más ajustados.
La propuesta plantea que las banquinas puedan ser destinadas a actividades productivas compatibles, como siembra o aprovechamiento rural controlado, siempre que no afecten la circulación ni la seguridad vial. Para eso, deberían respetarse márgenes libres, evitar obstáculos, garantizar visibilidad y excluir cualquier uso que pueda complicar detenciones de emergencia o maniobras sobre la ruta.
Los defensores de la iniciativa sostienen que miles de hectáreas lineales permanecen ociosas mientras los municipios necesitan fondos para infraestructura, mantenimiento vial, seguridad y servicios esenciales. Desde esa mirada, permitir su aprovechamiento regulado daría una herramienta concreta a las comunas sin crear nuevos impuestos ni aumentar la presión sobre vecinos y comerciantes.
Pero el proyecto también abre un debate sensible. Las banquinas no son simples terrenos disponibles: cumplen una función preventiva en rutas y caminos. Allí pueden detenerse vehículos ante desperfectos, circular maquinaria en zonas rurales o realizarse maniobras de emergencia. Por eso, cualquier cesión productiva deberá quedar sometida a estrictos criterios técnicos.
La discusión legislativa se da además en un clima de fuerte tensión entre Provincia, Nación y municipios por el financiamiento de obras y servicios. Con menos fondos nacionales, mayor presión sobre las cajas locales y reclamos crecientes por caminos rurales, varios intendentes buscan alternativas para reforzar sus ingresos propios.
En paralelo, otros legisladores de Fuerza Patria también trabajan sobre modificaciones al régimen de uso de tierras adyacentes a rutas provinciales, lo que muestra que el tema empieza a instalarse como parte de una agenda más amplia: cómo darles a los municipios nuevas fuentes de financiamiento sin comprometer la seguridad vial ni el carácter público de esos espacios.
La clave estará en el equilibrio. Si prospera, la ley podría convertirse en una herramienta de alivio para comunas del interior. Pero su aplicación dependerá de controles efectivos, autorizaciones técnicas y reglas claras para que la necesidad de recaudar no termine poniendo en riesgo a quienes transitan por las rutas bonaerenses.
