
La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con un proyecto que busca limitar la posibilidad de que futuros gobiernos reduzcan o vendan la participación de la Provincia en empresas. La iniciativa propone que cualquier disminución de la propiedad estatal necesite el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura, en lugar de la mayoría simple exigida actualmente.
El proyecto, presentado por la diputada Maite Alvado, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Servicios Públicos, presidida por Ariel Archanco, y apunta a otorgar mayor estabilidad a las inversiones públicas consideradas estratégicas.
Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es evitar que la participación estatal en empresas vinculadas con infraestructura, servicios y sectores estratégicos pueda modificarse únicamente como consecuencia de un cambio de gobierno.
“La Provincia cuenta con los recursos necesarios para invertir en puntos estratégicos de desarrollo económico”, sostiene el proyecto, que reivindica además el rol del Estado como garante del bienestar de la población.
Cambios en servicios públicos
La Comisión de Servicios Públicos también aprobó una propuesta del diputado Valentín Miranda para modificar la Ley Integral del Medio Ambiente bonaerense e incorporar entre las funciones del organismo regulador la promoción del uso racional y eficiente de la energía y el asesoramiento a los usuarios.
También avanzó una iniciativa de Soledad Alonso que propone incorporar de manera visible en las facturas de servicios públicos el número 144, junto con información sobre su utilización para la asistencia y orientación de víctimas de violencia de género.
Violencia digital en las escuelas
En la Comisión de Educación obtuvo respaldo un proyecto impulsado por Mayra Mendoza para reconocer y garantizar el derecho de los estudiantes bonaerenses a una convivencia digital segura.
La iniciativa establece pautas para prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia digital en todos los niveles educativos y contempla capacitaciones obligatorias y permanentes para el personal docente y educativo.
Transporte y derechos de las personas con discapacidad
La Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad también dio luz verde a la creación de un Registro Provincial de Servicio de Transporte para Personas con Discapacidad.
La propuesta, presentada por Margarita Recalde, busca establecer un marco jurídico específico para quienes realizan estos traslados y ordenar una actividad que actualmente carece de una regulación provincial integral.
También avanzaron iniciativas relacionadas con el Régimen Federal de Empleo Protegido, el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, la promoción del deporte adaptado e inclusivo y la creación de una figura de padrinazgo destinada a favorecer la participación social y comunitaria.
Preocupación por los biocombustibles
La Comisión de Energía y Combustibles recibió además a representantes de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel, quienes plantearon sus cuestionamientos al proyecto de Ley de Biocombustibles que impulsa el Gobierno nacional.
Las empresas nucleadas en CEPREB, provenientes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, producen el 65% del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria para el mercado interno.
La comisión también aprobó una declaración de preocupación por la situación institucional, presupuestaria y laboral de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
La intensa actividad de las comisiones anticipa así nuevos debates en el recinto bonaerense, con proyectos que abarcan desde el control sobre activos públicos y los servicios hasta educación, discapacidad, energía y desarrollo productivo.

