Redacción PBA
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le pidió al gobernador Axel Kicillof que la Provincia intervenga en el proceso de privatización de AySA y disponga que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) se presente como oferente para adquirir la compañía. La propuesta busca mantener bajo control público un servicio estratégico que abastece de agua y cloacas a millones de habitantes del Área Metropolitana.
El planteo llega en un momento decisivo. El Gobierno nacional puso en venta el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos que actualmente pertenecen al Estado y estableció el 27 de agosto como fecha para la presentación de ofertas. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
Gray formalizó el pedido ante Kicillof y reclamó que el Ejecutivo bonaerense instruya al directorio de ABSA para evaluar su participación en la licitación pública nacional e internacional.
Temor por las obras de agua y cloacas
El intendente fundamentó su propuesta en el riesgo de que una AySA privatizada priorice la rentabilidad y el mantenimiento de la infraestructura existente por sobre la expansión de las redes hacia los barrios que todavía carecen de servicios.
“Me preocupa que, en caso de privatizarse AySA, no se realicen las obras necesarias para ampliar la cobertura y garantizar el acceso al agua potable y las cloacas a todos los bonaerenses”, planteó Gray.
La preocupación tiene especial impacto en el conurbano. AySA brinda actualmente agua potable a más de 11,4 millones de personas y servicio de cloacas a más de 9,6 millones, dentro de un área que comprende la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses.
Gray advirtió que Esteban Echeverría todavía requiere fuertes inversiones en infraestructura sanitaria para acompañar su crecimiento poblacional y sostuvo que históricamente las principales expansiones del sistema fueron financiadas por el Estado.
El Gobierno vende el 90% de AySA
La privatización fue autorizada luego de que la Ley Bases declarara a AySA sujeta a privatización. Posteriormente, el Gobierno de Javier Milei modificó el marco regulatorio y avanzó con el nuevo contrato de concesión.
En mayo, el Ministerio de Economía lanzó formalmente la licitación para transferir la totalidad del 90% de las acciones estatales a un operador estratégico.
Los interesados tienen hasta el 27 de agosto para presentar sus ofertas. Ese mismo día comenzará la primera etapa de evaluación, que contempla requisitos técnicos, financieros, patrimoniales y legales.
La concesión tendrá una duración inicial de 30 años y definirá el esquema bajo el cual se prestará uno de los servicios públicos más sensibles del AMBA.
ABSA ya atiende a 2,6 millones de bonaerenses
La empresa que Gray propone incorporar a la competencia no parte de cero. ABSA es una de las mayores operadoras públicas de agua y saneamiento del país.
Actualmente presta servicios en 95 localidades distribuidas en 53 municipios bonaerenses, alcanza a más de 863.000 usuarios y beneficia a una población cercana a los 2,6 millones de personas.
Opera 28 plantas potabilizadoras, 71 plantas depuradoras y cerca de mil perforaciones de abastecimiento.
La eventual adquisición de AySA implicaría, sin embargo, un salto extraordinario en su escala: ABSA pasaría a asumir también la operación de una infraestructura metropolitana que abastece a varios millones de personas y que incluye algunos de los sistemas de potabilización y saneamiento más grandes del país.
Una disputa por el modelo de servicio público
La propuesta de Gray abre además una discusión política dentro de la Provincia. Hasta el momento, el gobierno de Kicillof no confirmó que ABSA vaya a presentarse en la licitación.
El Gobierno nacional sostiene que la incorporación de un operador privado permitirá aumentar las inversiones, modernizar la infraestructura y reducir la participación empresarial del Estado.
Gray plantea la posición opuesta: considera que el agua y el saneamiento son servicios estratégicos cuya expansión no debería quedar condicionada exclusivamente por criterios comerciales.
La discusión adquirirá mayor urgencia en los próximos días. Con el cierre de ofertas fijado para el 27 de agosto, la Provincia deberá decidir rápidamente si convierte el planteo político del intendente de Esteban Echeverría en una propuesta concreta para disputar el control de AySA.
Una empresa clave para el conurbano
El trasfondo de la discusión es particularmente sensible para los municipios bonaerenses. Miles de familias del conurbano todavía dependen de pozos particulares y sistemas domiciliarios porque las redes de agua potable y cloacas no alcanzaron a todos los barrios.
Gray sostiene que el esquema de inversiones previsto para los primeros años de la nueva concesión concentra esfuerzos en mantener y renovar la infraestructura existente, mientras las grandes obras necesarias para universalizar los servicios quedarían relegadas.
Por eso, el intendente busca que la Provincia ingrese directamente en la disputa por AySA. Si Kicillof acepta la propuesta, la privatización impulsada por Milei podría incorporar un escenario inesperado: una empresa estatal bonaerense compitiendo para quedarse con la principal compañía de agua y saneamiento del país.
