Redacción PBA
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció que durante 2025 los suicidios entre integrantes de las fuerzas federales aumentaron un 30% respecto de 2024. La funcionaria admitió además que el personal atraviesa problemas de endeudamiento y que los salarios necesitan una recomposición, aunque aclaró que las muertes responden a múltiples factores y no pueden atribuirse exclusivamente a la situación económica.
La revelación se produjo en medio de los reclamos salariales de integrantes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, las cinco fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad y reúnen alrededor de 112.000 efectivos.
“En 2025 hubo un 30% más de casos que en 2024”, reconoció Monteoliva durante una entrevista radial. La ministra sostuvo que el fenómeno también aumentó en el conjunto de la sociedad argentina y señaló que las fuerzas de seguridad “no escapan a esa realidad”.
Endeudamiento y salarios bajo presión
Uno de los datos más sensibles reconocidos por la funcionaria es el nivel de endeudamiento que existe entre los efectivos. Monteoliva afirmó que el Ministerio viene implementando ayudas financieras porque existen deudas tanto formales como informales dentro del personal.
La situación económica ya había sido denunciada meses atrás por trabajadores de ATE en el Ministerio de Seguridad. El gremio advirtió sobre integrantes de las fuerzas y empleados del área con ingresos deteriorados, pluriempleo y familias cada vez más endeudadas, y reclamó una recomposición salarial urgente.
En agosto, por ejemplo, el salario básico informado para un cabo de la Policía Federal era de poco más de $965.000. Monteoliva reconoció que el Gobierno analiza una mejora salarial y explicó que la definición depende también de la Jefatura de Gabinete y del equipo económico.
La propuesta que se encuentra bajo análisis contemplaría un incremento general que alcanzaría también al personal retirado y un adicional específico para quienes realizan tareas operativas. Hasta el momento no fueron informados el porcentaje ni la fecha de aplicación.
“Cuidar a quienes nos cuidan”
La propia Monteoliva había reconocido previamente que las condiciones de vida del personal representan uno de los principales problemas que enfrenta su cartera.
Durante un encuentro con integrantes del Obispado Castrense, enumeró entre las preocupaciones del Ministerio el acceso a la vivienda, el endeudamiento, los conflictos familiares y las situaciones que afectan emocionalmente a los agentes.
También calificó a los suicidios dentro de las fuerzas como uno de los asuntos “más dolorosos” y admitió que detrás de cada caso existen situaciones que en ocasiones el sistema institucional “no pudo acompañar a tiempo”.
El Ministerio asegura haber reforzado la asistencia psicológica y el acompañamiento a través de las áreas de bienestar y las capellanías. Sin embargo, el crecimiento del 30% reconocido ahora por la propia ministra vuelve a poner bajo discusión si las políticas preventivas implementadas resultan suficientes.
Una crisis que excede una sola causa
La coincidencia entre aumento de suicidios, deterioro salarial y endeudamiento encendió las alarmas dentro de las fuerzas. Sin embargo, los datos disponibles no permiten establecer que exista una relación causal directa entre esos factores y cada una de las muertes.
Monteoliva insistió en que intervienen razones personales, familiares, emocionales y económicas. El problema, no obstante, obliga al Estado a revisar simultáneamente las condiciones laborales, los ingresos, el acceso a asistencia en salud mental y los mecanismos institucionales de detección temprana.
El reconocimiento oficial de que los casos crecieron un 30% durante 2025 instala así una discusión que trasciende la seguridad pública: cómo está cuidando el Estado a los miles de hombres y mujeres encargados diariamente de cumplir funciones policiales, penitenciarias y de seguridad en todo el país.
