Redacción PBA
La Cámara de Diputados bonaerense se prepara para tratar la adhesión de la Provincia al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y podría convertirse en ley esta semana.
El proyecto fue presentado por la senadora provincial Nerina Neumann y propone que Buenos Aires adhiera formalmente a la Ley Nacional 26.816, que establece herramientas de protección laboral, cobertura social y acompañamiento económico para las personas con discapacidad que trabajan bajo modalidades de empleo protegido.
La iniciativa obtuvo media sanción del Senado bonaerense en octubre de 2025 y posteriormente fue enviada a Diputados. Durante agosto logró el respaldo unánime de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, por lo que quedó encaminada hacia su tratamiento en el recinto.
Buenos Aires concentra la mayoría de los talleres
La discusión tiene un impacto particularmente importante en territorio bonaerense. Según la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires (FETAP), funcionan en la Provincia 177 de los 263 talleres protegidos existentes en todo el país.
Estos espacios brindan oportunidades laborales a cerca de 5.000 personas con discapacidad y funcionan no sólo como ámbitos productivos, sino también como herramientas de inclusión, autonomía y desarrollo personal.
Darío Corrao, titular de FETAP, reclamó durante el tratamiento legislativo que Buenos Aires complete finalmente la adhesión y sostuvo que contar con una ley provincial permitirá fortalecer institucionalmente a los talleres y disponer de una herramienta jurídica para reclamar el cumplimiento de las obligaciones nacionales.
Qué establece el régimen nacional
La Ley 26.816 creó el Régimen Federal de Empleo Protegido y contempla distintas modalidades destinadas a facilitar la incorporación y permanencia de personas con discapacidad en el mercado laboral.
Entre otras prestaciones, el sistema contempla cobertura médico-asistencial, asignaciones familiares y derechos previsionales. También establece mecanismos de financiamiento estatal destinados a sostener los ingresos de los trabajadores y el funcionamiento de los equipos multidisciplinarios que acompañan a los talleres.
La normativa nacional invita expresamente a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen, requisito que Buenos Aires todavía tiene pendiente.
La aprobación definitiva permitiría formalizar la incorporación de la provincia con mayor cantidad de talleres protegidos del país al régimen federal y fortalecer el respaldo legal de miles de trabajadores con discapacidad.
Para las organizaciones del sector, la votación representa además la posibilidad de convertir en política pública permanente un reclamo que los talleres bonaerenses vienen impulsando desde hace años.
