Equipo de Noticias
El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso entre el “23 de enero hasta el 28 de febrero”, como lo anunció ayer la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. El Decreto 17/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete Juan Manzur.
El Poder Ejecutivo incluyó en el temario de la convocatoria a sesiones Extraordinarias del Congreso veintisiete proyectos de ley, aunque Juntos por el Cambio ya anticipó que no dará quórum, por lo que el oficialismo buscará acuerdos con el interbloque federal.
Entre los temas propuestos, figuran los que más discusiones políticas han generado: el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el proyecto de ley para modificar la Ley del Consejo de la Magistratura; el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación; y la propuesta de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el plano económico, los proyectos de ley que ingresarán a las comisiones de debate son: el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la creación del Plan de Pago de Deuda Previsional; la modificación a la Ley de Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica; el régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador; la Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino; las legislaciones de promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector Energético; y la aplicación de un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos.
Además, se presentarán proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales; la modificación la Ley de Tránsito y Seguridad Vial sobre Alcoholemia Cero para la conducción de vehículos; la reforma del Sistema Estadístico Nacional; la sustitución de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y sus modificatorias; el proyecto de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios; y los cambios en la ley de Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento de la Ley de Armas de Destrucción Masiva.
