Estudiantes, docentes y no docentes junto a organizaciones políticas, sociales y gremiales se manifestaron en contra del desfinanciamiento de las universidades nacionales. La protesta tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo pero se replicó en el interior del país.
Los organizadores estimaron que se movilizaron entre 800 mil y un millón de personas. La masividad hizo impracticable el protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien horas antes había minimizado la convocatoria: “Yo ya conozco más o menos el número de gente que va ir, hay un elenco estable de gente que se moviliza”. Sin embargo, la Marcha Federal Universitaria colmó no solo los alrededores de la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también La Plata, Mar del Plata, Córdoba y San Luis.
Desde un escenario montado frente al Cabildo, la presidenta de la Federación Universitaria, Piera Fernández De Piccoli, leyó un documento respaldado por todas las universidades que sostuvo que la educación superior pública “atraviesa un período crítico como consecuencia de la política implementada por el gobierno nacional”.
Además, indicó que Las universidades “han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento. Mantener los edificios, sostener las becas, comedores, laboratorios, servicios básicos, todo fue congelado a valores de septiembre de 2023″, agregó.
Entre los oradores se encontraban Taty Almeida, de Madres de Plaza de May Línea Fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, titular del Serpaj, ambos referentes en derechos humanos, quienes respaldaron la lucha de los universitarios frente al recorte presupuestario.