25.agosto 2026

Alerta por bajas y endeudamiento en la Policía Bonaerense - DataPBA

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La situación económica y laboral de los efectivos de la Policía Bonaerense quedó en el centro de una nueva disputa entre el Gobierno provincial y la oposición. Mientras relevamientos internos advierten sobre un fuerte aumento de las bajas durante 2026, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, reconoció problemas de endeudamiento entre los agentes y vinculó el fenómeno con el deterioro general de la economía.

Según estimaciones elaboradas a partir de fuentes internas de la fuerza, durante lo que va del año se habrían producido cerca de 1.800 egresos frente a unas 2.100 incorporaciones. Los números todavía no forman parte de una estadística oficial consolidada, pero encendieron las alarmas por la capacidad de la Provincia para retener personal, particularmente entre los policías más jóvenes.

Los relevamientos señalan que históricamente se registraban alrededor de 500 retiros por año, mientras que las incorporaciones rondaban los 3.000 efectivos. De confirmarse las cifras actuales, las bajas habrían experimentado un incremento significativo durante 2026.

Salarios, adicionales y endeudamiento

La discusión también se trasladó a los ingresos de los agentes. Durante este año, el Gobierno bonaerense aplicó distintos aumentos salariales, entre ellos una mejora del 7% dividida en dos tramos —5% en julio y 2% en agosto— que también alcanzó al Servicio Penitenciario.

Las escalas difundidas ubicaron el haber básico inicial de un policía entre $926.000 y $963.000, mientras que Alonso afirmó que la percepción mensual de un agente recién incorporado supera actualmente $1,1 millones.

El ministro reconoció, además, que aproximadamente 35.000 policías realizan servicios adicionales para completar sus ingresos, una situación que amplía las horas de trabajo de una parte considerable de la fuerza.

El problema se vuelve más complejo cuando aparece el endeudamiento. Alonso estimó que entre el 10% y el 12% del personal policial registra mora en sus obligaciones financieras.

Frente a esa situación, la Provincia implementó mecanismos de asistencia mediante el Banco Provincia y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía. Según el ministro, unas 1.200 personas recibieron asistencia por alrededor de $1.500 millones para refinanciar deudas y regularizar su situación crediticia.

Capacitación financiera para los nuevos policías

La problemática llevó también a incorporar educación financiera dentro de la formación policial.

Más de 1.200 cadetes de la Escuela de Policía Juan Vucetich participaron recientemente de cuatro jornadas organizadas por Banco Provincia, con contenidos vinculados con administración de ingresos, planificación económica, uso responsable del crédito, endeudamiento y prevención de estafas digitales.

La iniciativa forma parte de un convenio entre la entidad bancaria y el Ministerio de Seguridad que prevé extender este tipo de capacitaciones a otras escuelas de formación de la Policía Bonaerense.

Para Alonso, el deterioro económico que afecta a los agentes no puede analizarse de manera aislada. “La policía no es una isla en la sociedad”, sostuvo el funcionario al vincular el endeudamiento de los efectivos con un fenómeno que también alcanza a miles de familias bonaerenses.

Los datos generales acompañan ese diagnóstico: en mayo, el 17,8% de los créditos otorgados a familias de la provincia de Buenos Aires presentaba algún grado de irregularidad. Cuando se incorporan préstamos de fintech, billeteras virtuales y otros proveedores no bancarios, los relevamientos ubican el nivel de incumplimiento en torno al 28,5%.

Alonso apunta contra la política económica nacional

El ministro fue más allá y relacionó el crecimiento de las deudas con situaciones delictivas que comenzaron a detectarse en barrios populares.

Alonso advirtió sobre la expansión de circuitos de préstamos informales vinculados con organizaciones criminales y sostuvo que se incrementaron los ataques, amenazas y hechos violentos relacionados con deudas.

Según explicó, existen investigaciones sobre familias que tomaron préstamos cercanos al millón de pesos y luego fueron amenazadas para entregar propiedades ante la imposibilidad de devolver el dinero.

El funcionario aclaró que ese fenómeno excede específicamente a la Policía y lo vinculó con el deterioro de las condiciones económicas. “Esto se corrige desde la política económica”, sostuvo.

También volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la eliminación de fondos destinados a seguridad y afirmó que la Provincia perdió recursos que utilizaba para financiar el sistema.

La oposición exige los números oficiales

En paralelo, La Libertad Avanza llevó la discusión a la Legislatura bonaerense.

El senador Matías De Urraza presentó un pedido de informes de 13 puntos para que la administración de Axel Kicillof detalle oficialmente la dotación actual de la Policía Bonaerense, las incorporaciones y bajas, los motivos de los egresos, las licencias prolongadas y la cantidad de agentes que no cumplen tareas operativas.

El legislador también reclamó conocer cuánto cobran actualmente diferentes jerarquías de la fuerza y cuál fue la evolución salarial durante 2024, 2025 y 2026.

El expediente pide además información sobre las medidas que está tomando el Ministerio de Seguridad para evitar la salida de personal y sobre la cantidad de aspirantes que se encuentran actualmente en formación.

A la discusión por salarios y bajas se sumó en los últimos meses la preocupación por la salud mental de los policías. El senador del PRO Pablo Petrecca presentó en abril un pedido de informes específico sobre la situación del personal, mientras otros legisladores impulsaron iniciativas similares.

El presupuesto provincial para 2026 contempla la continuidad de programas de bienestar integral y salud mental para las fuerzas de seguridad, incluyendo dispositivos de atención psicológica, líneas especializadas y mecanismos de detección temprana.

El escenario abrió así un debate que excede la cantidad de policías disponibles en las calles. Ingresos, endeudamiento, jornadas adicionales, condiciones laborales, salud mental y capacidad para incorporar y retener efectivos comienzan a conformar una misma discusión sobre el estado actual de la fuerza de seguridad más numerosa del país.

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