Equipo de Noticias
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense informó que se tomaron “las medidas legales y administrativas necesarias” para impedir que Luis Castillo, un genocida que dirigía un colegio en Wilde, pueda desempeñar tareas en la institución educativa.
Desde abril, el represor cumple prisión domiciliaria, tras haber sido hallado responsable de los delitos de secuestros, torturas, abuso sexual y apropiación de niños, que tuvieron lugar en los centros clandestinos que funcionaron en las exbrigadas de Investigaciones de Banfield y Lanús.
Ayer el diario Página12 publicón una nota en la que dio a conocer que Castillo, quien se retiró de la Policía bonaerense en 1986 con el rango de comisario, fue durante décadas el dueño del Colegio San Diego, una respetada institución de educación privada inicial, primaria y secundaria de Wilde.
La cartera educativa manifestó su “más profundo repudio y preocupación” y recordó que la ley de Educación Nacional, en su artículo 92, prescribe que la educación tiene la tarea de construir la ‘memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado’”. Y en esa línea, agregó: “Es nuestro compromiso y obligación continuar trabajando para construir una educación fundada en los valores del respeto a la diversidad y la pluralidad, por la defensa de la democracia y por la memoria, la verdad y la justicia”.
