Redacción PBA
Prestadores de salud de distintas provincias resolvieron dejar de otorgar nuevos turnos para afiliados del PAMI en reclamo por atrasos en los pagos y una fuerte pérdida del valor de los aranceles. Advierten que podrían profundizar las medidas si no reciben respuestas del organismo.
La relación entre el PAMI y los prestadores de salud atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Clínicas, sanatorios y centros médicos de diferentes puntos del país comenzaron a suspender la asignación de nuevos turnos para afiliados de la obra social de jubilados y pensionados, en el marco de un conflicto que combina reclamos por demoras en los pagos y por la falta de actualización de los valores que perciben por las prestaciones.
La medida fue impulsada por entidades que nuclean a prestadores privados, entre ellas la Cámara de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), que denunció un creciente deterioro económico del sistema. Según sostienen, los aranceles abonados por el PAMI se encuentran muy por debajo de los costos reales de funcionamiento y acumulan un atraso que supera el 100% respecto de la inflación y del incremento de los gastos operativos del sector.
Los prestadores aclararon que continúan garantizadas las guardias, las emergencias, las internaciones y las prácticas ya autorizadas, aunque dejaron de otorgar nuevos turnos para consultas y estudios programados. Asimismo, advirtieron que la situación podría agravarse si no se alcanza un acuerdo en el corto plazo.
Desde las entidades médicas aseguran que la falta de actualización de los ingresos afecta la capacidad para afrontar salarios, honorarios profesionales, insumos y costos de funcionamiento. También remarcan que numerosos establecimientos vienen sosteniendo la atención con recursos propios desde hace meses y alertan sobre el riesgo de que algunos servicios resulten inviables económicamente.
El conflicto se suma a una serie de reclamos que distintos sectores vinculados al PAMI vienen manifestando desde comienzos de año. Médicos de cabecera, odontólogos y otros profesionales ya habían denunciado atrasos en los pagos y modificaciones en los esquemas de contratación que impactaron sobre sus ingresos.
Mientras tanto, desde el PAMI rechazan que exista una situación generalizada de incumplimientos y sostienen que mantienen negociaciones con las entidades prestadoras para encontrar una salida al conflicto. El organismo reconoce diferencias respecto de los montos reclamados, aunque asegura que la atención esencial de los afiliados continúa garantizada.
La preocupación crece entre los más de cinco millones de jubilados y pensionados que dependen de la cobertura de la obra social más grande del país. Si bien por el momento las restricciones alcanzan únicamente a nuevos turnos y prestaciones programadas, los prestadores ya advirtieron que podrían adoptar medidas más severas si no se regulariza la situación financiera del sistema.
El conflicto abre un nuevo frente para el Gobierno nacional en un área particularmente sensible, ya que involucra la atención médica de millones de adultos mayores y pone en discusión la sustentabilidad de una de las principales redes de salud del país.
