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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos que reclamaban medidas de seguridad para pulverizaciones terrestres y aéreas en la provincia de Entre Ríos, que dejó a miles de niños y niñas “expuestos a sustancias que afectan gravemente su salud”, por considerar “carente de trascendencia” las distancias de fumigaciones sobre escuelas rurales.
Se trata de la causa impulsada por la Coordinadora Basta es Basta, presentada en febrero de 2020 en los tribunales de Entre Ríos. Luego de tres años, y en solo cinco renglones, el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación dictaminó que “según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma (en referencia al Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), la Corte podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia…”.
En este sentido, María Fernández Benetti, una de las abogadas que llevó adelante la causa, explicó: “Presentamos un montón de estudios que mostraron que los niños y niñas que fueron analizados se les había encontrado atrazina, glifosato, endosulfán en su sangre, sustancias que generan daño genético y que pueden provocar enfermedades cancerígenas. Con toda esa fundamentación científica, logramos que un juez aplicara la prohibición a las fumigaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos en un radio de mil metros y tres mil metros, respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia”.
“Después, el gobernador Gustavo Bordet dictó dos decretos acortando esas distancias. Hicimos tres amparos y en todos ganamos, tanto en primera instancia como en el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, menos la última vez, cuando la corte provincial se dio vuelta por motivos políticos. Fue entonces que decidimos acudir a la Corte Suprema de la Nación y después de tres años resolvieron que para ellos el tema no es de entidad ni gravedad suficientes para constituir una causa federal, es decir, no les importa que las escuelas rurales de Entre Ríos estén reguladas por un decreto que aplica distancias que no protegen a los niños y niñas”, continuó la abogada.
En el comunicado “La nueva cultura de la negación ambiental en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, la Coordinadora afirmó que “estamos ante Derechos Humanos y ante niñas y niños que deambulaban por pasillos de hospitales públicos para paliar sus cánceres y leucemias, niños y niñas a los que les pesan sus dolores y sufrimientos por el hecho de haber sido expuestos a sustancias químicas cuando acudían a la escuela a educarse, a jugar, a merendar, a socializar, a cantar, a correr, a pintar, hasta a soñar. Esos intereses superiores de niños silenciados no merecieron, ni siquiera la premura de esta CSJN para al menos dictar esa sentencia de formulario en días, en meses. No, se merecieron la espera de años”.
Fuente: Tiempo Argentino
